El derecho a la vivienda

Texto compartido por Irene Aguirre y Carlos Conejo, participantes en los Talleres “Vivienda Digna para Todas las Personas”

“Ser partícipes de forma activa del cambio”. Esta es quizá la frase que mejor podría resumir la experiencia que los Talleres de Vivienda realizados por el Movimiento ATD Cuarto Mundo nos permitió vivir, y que, como estudiantes de arquitectura, nos ayudó a conocer y ser conscientes de las realidades que nos rodean y que a menudo son invisibles en torno al tema de la vivienda. Realizamos entrevistas para ser capaces de desgranar y entender, junto a las personas que viven estas situaciones, el porqué de las mismas y las consecuencias de las escasas alternativas de las que a menudo se disponen. Con ellos, activamente, juntos, aprendimos y entendimos lo que significa el ejercicio verdadero de lo que llaman derecho a la vivienda, y lo que significa encontrarse en situación de exclusión habitacional.

El debate sobre la posible modificación de la constitución para establecer el carácter fundamental del derecho a la vivienda parte, en buena medida, de que su valor como principio rector de la actuación del gobierno y la administración no tiene consecuencias exigibles ante ningún órgano judicial, lo que ha desencadenado situaciones de abandono y olvido en lo que a la consecución de este principio respecta. Sin embargo, asumimos que todos los ciudadanos han de poder disponer de una vivienda para poder desarrollar una vida digna -bajo unas condiciones mínimas de habitabilidad, higiene, seguridad, etc.- sin ser realmente conscientes de la importancia de este principio en la vulneración de otros derechos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Sin entrar en diferenciaciones sobre las diversas situaciones alrededor de la omisión de este derecho fundamental, hablemos de todos aquellos aspectos vitales, sociales y humanos que se ven alterados y que muchas personas padecen.

La pérdida del componente social del principio del derecho a la vivienda, como mero rector de las actuaciones políticas, se ha traducido en la ausencia de medidas no sólo ante la vulneración del derecho a la vivienda sino también ante el ejercicio de muchos otros como la educación, la asistencia sanitaria gratuita, la intimidad, la igualdad social y ante la ley, la autonomía, la seguridad, la solidaridad, la familia y la dignidad. De este modo, la necesidad imperiosa de disponer de una vivienda no es sólo un objetivo en sí misma, sino que forma parte de la consecución de todos esos estados vitales indispensables para poder alcanzar unos niveles de estabilidad y de desarrollo social mínimos.

dLa imposibilidad de hacer efectivos estos derechos, unido a la falta de vivienda, agravan la exclusión habitacional y social. Ante esto, los organismos de los que dispone la Administración responden con los programas de vivienda pública por sorteo, el realojo -mediante la tipología de vivienda social- para la desaparición de los poblados chabolistas, y el asistencialismo para las personas que no disponen de hogar. Esta forma de entender la exclusión habitacional -y las soluciones que implementa- tiene como resultado la falta de alternativas y posibilidades para quienes no cumplen los requisitos establecidos para estas opciones, o para aquellos que aun pudiendo optar a alguna de ellas no las contemplan como soluciones viables para sus vidas, o  son incapaces de abordar los pagos necesarios (por pequeños que estos sean), lo que se traduce en  desahucios y la total pérdida de oportunidad de acceder a la adquisición de vivienda pública de cualquier tipo, volviendo a una situación aún más precarizada y con menos futuro si cabe.

Todos los criterios establecidos por las instituciones para la adjudicación de vivienda excluyen de manera sistemática la experiencia y aproximación vital de los afectados. Esta falta de participación produce que las soluciones propuestas sean, en muchos casos, contraproducentes y que empeoren o no lleguen a solventar los problemas originales. Quienes padecen estas situaciones plantean en ocasiones modos de vida alternativos a los convencionales que no por ello tendrían que dejar de ser lícitos. De ese modo proponen la posibilidad de llegar a acuerdos con las instituciones para participar de los procesos de realojo, la autoconstrucción mediante cesiones de terrenos que permitan por su carácter legal disponer de todos los servicios básicos de los que dispone cualquier ciudadano, la posibilidad de emplear vehículos habitables como caravanas y la opción de un alquiler social tanto de nueva implementación como para aquellas personas que habiéndose visto obligadas a ocupar un inmueble para disponer de un techo, lo han cuidado, mantenido e incluso rehabilitado.

La participación de los ciudadanos de forma activa por y para el cambio de sus vidas, y la consideración del valor de su experiencia, habría de ser el punto de partida para el desarrollo de soluciones ante estas realidades de gran repercusión económica, política, social y sobre todo humana. En palabras de Fernando Vidal: “La exclusión social es una institución de explotación, dominación o alienación que desempodera a los sujetos y sus comunidades, de modo que anula socialmente su presencia, impidiendo satisfacer sus necesidades libremente”.

Os invitamos a visitar el vídeo generado a partir de estos talleres de vivienda impartidos por ATD Cuarto Mundo, posible con la participación conjunta y activa de todos. Os ayudará a entender qué significado tiene el poder hacer efectivo el derecho a la vivienda y qué significa encontrarse en situación de exclusión habitacional:

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